Redefiniendo la Vivienda en el Perú
Escrito por: Eduardo Iberico
En las últimas cinco (05) décadas, el crecimiento de la población en el Perú ha tenido un ritmo acelerado, a tal punto que se ha triplicado. Así tenemos que de una población de 10 millones de habitantes en 1961 aumentó a 30 millones en 2016, según datos del INEI. Frente a este rápido incremento demográfico, la construcción de nuevas viviendas no se ha desarrollado al mismo ritmo.
¿CUÁL ES EL DÉFICIT ACTUAL DE VIVIENDA?
Veamos…
En 1961 el número de viviendas que faltaban para que todo hogar cuente con una de ellas (déficit cuantitativo) fue de 143,080 viviendas, en 1981 alcanzó las 179,159 unidades y en 1995 el déficit total de viviendas en el Perú llegó a las 500 mil (Reyes, 1995, p. 56). Se dieron mecanismos para fortalecer el sistema para atender la demanda en los sectores medios. Asimismo, se buscó de nuevas fuentes y modalidades de apoyo financiero; sin embargo, hacia el final de la década de los 90s el déficit de vivienda se hizo cada vez más crítico.
El último informe emitido por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) del 2012 señala que en el Perú existe un déficit de 1’800,000 viviendas, entre familias que no cuentan con una o habitan una vivienda en precarias condiciones. De ellas, en la ciudad de Lima hay posibilidades reales de compra 700,000 viviendas y en provincias 300,000. Sin embargo, cada año el déficit se incrementa en 140,000 viviendas, según Fernando Castillo presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO).
Después de Nicaragua y Bolivia, el Perú ocupa el tercer puesto a nivel de América Latina como el país con mayor déficit de vivienda. En el Perú, un 72% de las familias, respecto al total de hogares en 2012, no cuentan con un techo para vivir o habitan viviendas de mala calidad (ver figura 01).
Figura 01. Déficit y promoción de la vivienda en el Perú. Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento / CAPECO.
GOBIERNO Y VIVIENDA: UNA RELACIÓN DISFUNCIONAL
La participación del Estado Peruano en la problemática de la vivienda lo han llevado a cabo en los diversos gobiernos, ejecutando políticas de acción y aplicando instrumentos institucionales y financieros muy diversos, a tal punto que prácticamente se han ensayado todas las fórmulas conocidas de intervención. Los resultados están muy lejos de ser satisfactorios, frente a la necesidad de vivienda que crece cada vez más año tras año.
En 1946 se crea la Corporación Nacional de la Vivienda (CNV) emprendiendo como tarea principal la construcción de Unidades Vecinales. Paralelamente a ello, el gobierno, ante la proliferación de asentamientos marginales (barriadas) desarrolló una política asistencialista, reconociendo algunas barriadas y dotándolas de servicios de infraestructura básica.
En 1961 se promulgó la Ley de Barrios Marginales, que rigió la remodelación, saneamiento y legalización de las barriadas, quedando a ardo de esta función la CNV. Este organismo, al poco tiempo dejó su lugar al Instituto de la Vivienda (INVI); y este a su vez, a la Junta Nacional de la Vivienda (JNV) creada en 1963. El Estado promovió la construcción de la segunda etapa de las Unidades Vecinales y de los Agrupamientos de Vivienda. En 1969 el gobierno de Juan Velazco Alvarado creó el Ministerio de Vivienda y Construcción y en 1971 el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS).
El Ministerio de Vivienda y Construcción se encargó de la atención de las viviendas dentro del casco urbano tradicional y las urbanizaciones de sectores medios y altos. Por su parte, el SINAMOS emprendió acciones de creación o reforzamiento de las organizaciones vecinales en los pueblos jóvenes como medio de enfrentar las necesidades de vivienda. Su mayor logro fue participar en la creación de “Villa El Salvador”.
En el periodo 1980 a 1985 las mayores inversiones y acciones del gobierno se orientan en la construcción de conjuntos habitacionales que dieron acceso a la población de clase media, como el “Conjunto Habitacional Dammert Muelle” y las “Torres de Limatambo”. Para efectuar estas acciones se dispuso del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) y de la Empresa Nacional de Edificaciones (ENACE); además, contó con el apoyo del Banco de la Vivienda del Perú (BANVIP) y el Banco de Materiales (BANMAT).
A partir de 1985 se estatiza la banca, el Perú entra en una crisis económica y financiera, llevando a una inflación, inseguridad y escasez de productos de primera necesidad. El BANVIP y el BANMAT se declaran en banca rota y el FONAVI deja de atender la necesidad de vivienda.
Tras años de virtual desentendimiento y abandono, el Estado volvió a ocuparse del problema de la vivienda a finales de la década del 90s; sin embargo, con un enfoque más acorde del nuevo modelo económico. Ya no sería el sector público el que construiría las casas, sino los privados y el papel del Estado paso a ser facilidades crediticias. “El Fondo MiVivienda creado en 1998, empezó a cobrar protagonismo en el 2000 y entre 1998-2015 otorgó 107,439 créditos hipotecarios por S/ 8,877 millones” (Revista Semana Económica, 2015).
Los proyectos de vivienda bajo el financiamiento del Fondo MiVivienda resultan una unidad repetitiva, donde solo queda multiplicar el “bloque” y pegarlo hasta una distancia de 5.00 m o 1/3 de la altura del edificio, si es más de seis (06) pisos. Este “modelo de cementerio” que se genera aplica la fórmula legal, racional y rentable de una baja calidad espacial y urbana como el “Conjunto Residencial La Cruceta”. Están lejos de la vivienda colectiva realizada décadas atrás como la “Unidad Vecinal N° 3” o el “Conjunto Residencial San Felipe” (ver figura 02).
Figura 02. Evolución de los programas de vivienda en el Perú. Fuente: Google Earth / Elaboración Propia.
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